Después de una semana como presidente, Trump aprobó una orden ejecutiva para prohibir los viajes a los Estados Unidos de inmigrantes de siete países mayoritariamente musulmanes, incluidos Somalia, Irak, Irán, Libia, Siria, Sudán y Yemen. La prohibición incluyó a las personas con una visa válida (por ejemplo, visa de estudiante, visa de turista, visa de inmigrante), a todos los refugiados que ya habían sido sometidos a 2-3 años de evaluación (verificación de antecedentes) y hasta a residentes legales permanentes (titulares de tarjeta verde) en Estados Unidos. Aquéllos que llegaron a los Estados Unidos inmediatamente después de  aprobada la orden ejecutiva fueron detenidos en aeropuertos de todo el país y se les negó la admisión. Muchas personas fueron detenidas por más de 24 horas y separadas de sus hijos. Inesperadamente, los titulares de tarjeta verde que visitaban a sus familias en el extranjero o estaban simplemente de vacaciones, no pudieron regresar a casa.

Inmediatamente se presentaron demandas legales ante los tribunales federales y la prohibición de viajar fue suspendida. La semana pasada, en una decisión 3-0, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos --Noveno Circuito-- se negó a restablecer la prohibición de viajar y esta orden ejecutiva permanecerá suspendida a menos que la Corte Suprema de los E.E.UU. decida lo contrario. Pero lo más probable es que Trump no apelará la decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Más bien, aprobará una nueva orden ejecutiva para restringir viajes de  inmigrantes de estos siete países mayoritariamente musulmanes.

Además de esta acción discriminatoria hacia inmigrantes musulmanes, Trump está infundiendo un temor generalizado entre los inmigrantes hispanos a través del incremento de las redadas en los hogares y lugares de trabajo, realizadas por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el sur de California se han producido grandes redadas durante cinco días, así como en otros lugares de Estados Unidos, como Atlanta, Chicago, Nueva York, Texas y Carolina del Norte. Estas incursiones son resultado de la nueva orden ejecutiva de Trump que reemplazó a la política de decisión discrecional de fiscalías estatales y federales, establecida por Obama en el 2014, por una guía de prioridades de control mucho más severa. La nueva orden identifica como prioridad de deportación a una persona que está ilegalmente presente en los Estados Unidos y ha sido: 1) condenada por cualquier delito; 2) acusado de cualquier delito, incluso si el cargo fue desestimado; 3) cometieron "actos" que constituyen un delito penal imponible aunque no se hayan presentado cargos contra la persona; 4) sujeto a cualquier orden definitiva de deportación, no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde que dicha orden fue emitida; y otros ásperos motivos. La orden también incluye la contratación de 10.000 nuevos agentes del ICE y 5.000 agentes para Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) e impone multas (restricción de subvenciones federales) a los estados y localidades que se nieguen a cumplir con esta nueva orden.

El gobierno de Trump utilizará una serie de tácticas masivas de control amparadas en esta nueva orden ejecutiva, como las siguientes:

• Aumento de la presencia de ICE en las cárceles y de la utilización de detenciones;
• Permiso a oficiales del departamento de policía para actuar como agentes de inmigración;
• Ampliación de los centros de detención de inmigrantes y mantenimiento de las personas detenidas durante sus procesos de deportación para que les sea así más difícil defenderse ante la Corte de Inmigración;
• Aumento del número de redadas domiciliarias, redadas en el lugar de trabajo y controles vehiculares apuntando a personas con órdenes de deportación y cualquier antecedente criminal.

Además, ciudadanos de países como Somalia, Irak, Irán, Libia, Sudán, Siria y Yemen se enfrentarán a un mayor escrutinio si quieren ser estudiantes internacionales o individuos que solicitan cualquier beneficio inmigratorio de Estados Unidos, como una Tarjeta Verde.

Penalizar a los inmigrantes y restringir la inmigración de personas mayormente de los países musulmanes es un grave problema de injusticia racial y debemos unirnos durante esta época represiva para luchar por procedimientos justos y por el derecho de los inmigrantes a igual protección de la ley.

Instamos a todos los inmigrantes a conocer sus derechos accediendo a nuestra Página de Recursos y así poder armar un plan para defenderse contra una posible redada de ICE.

La ley federal permite a niños/as indocumentados/as en los Estados Unidos que han sido víctimas de abuso, abandono o descuido por parte de un padre, solicitar protección humanitaria bajo el programa Status especial para el inmigrante juvenil (SIJS). Los niños/as elegibles para este programa deben primeramente, ser puestos bajo custodia de una persona o entidad designada por un tribunal del estado y dicha corte debe haber llegado a la conclusión de que la reunión de ese niño o niña  con uno o ambos padres no es viable. Una vez que el procedimiento de la corte se ha completado, el niño o la niña puede mandar una petición de SIJS al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) y obtener residencia permanente en el país. Originalmente, el status especial de inmigrante juvenil era solamente para niños o niñas menores de 18 años.

Entre 2014 y 2015, más de 9,500 niños/as y jóvenes inmigrantes que llegaron sin acompañantes a la frontera estadounidense, fueron entregados a sus familiares y a otros adultos en el estado de California. Debido a este continuo aumento del arribo de niños/as a los Estados Unidos, la legislatura de California se preocupó por ayudar a adaptarse a la vida en EE.UU., a aquellos jóvenes recién llegados que habían experimentado abuso, abandono o descuido por los padres.

Así, la legislatura de California aprobó la ley AB-900, que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y se implementó en los tribunales de sucesiones en julio de 2016. Esta nueva ley da a los tribunales de sucesión en California, la jurisdicción para nombrar custodias legales a

jóvenes de 18 a 20 años y permite así que esos jóvenes sean elegibles para el programa SIJS. Bajo la ley anterior, las custodias legales no estaban disponibles para mayores de 18 años. Ahora, las tutelas en California pueden ser solicitadas en un tribunal de sucesiones por un pariente u otro adulto, o incluso por la sala proponente, para jóvenes menores de 21 años de edad. La ley federal también modificó el requisito de límite de edad para SIJS y actualmente permite que las peticiones sean presentadas por solicitantes que tienen entre 18 y 20 años de edad.

Los jóvenes inmigrantes en los Estados Unidos fueron verdaderamente bendecidos por tener la ley que reconoce que 18 no es una edad apropiada para terminar con los servicios de bienestar para la infancia cuando es el caso de jóvenes que han sufrido trauma y cuyos cerebros se están desarrollando mucho más allá de esa edad. Debido a las vulnerabilidades particulares de esta clase de jóvenes, tales como necesidades especiales de lenguaje y educación, problemas de salud mental y problemas médicos, es extremadamente importante tener una relación de tutela con un adulto responsable después de los 18 años.